Al presentarse factores determinantes de orden estructural por el lado de las condiciones de vida de
la población y de la estructura y organización de la oferta sanitaria, es importante mencionar la
importancia de políticas sociales tendientes a integrar a la población a mejora de niveles de empleo y mejora de
las condiciones de vida, ello obviamente supera los alcances del presente estudio, pero en lo que
concierne a las variables referidas a la oferta hospitalaria ello debe llevar a establecer una política acorde a
las necesidades de la población en mayor riesgo según área de residencia ( principalmente en el
área rural) y en la región sierra.
La política de oferta de servicios debe estar focalizada y ser itinerante, desarrollando una política
que los establecimientos deben llegar a la población y no al revés, ello para enfermedades medias
o complejas.
La política de oferta de servicios de salud debe también implicar la creación del médico de
cabecera, a cuyo cargo deberá estar un número definido de hogares,, de modo que se presente una
mayor integración entre el médico y el hogar, con visitas periódicas, información y educación para la
salud, ello limitaría el gasto en recuperación, generaría un flujo de información y educación y sobre todo
iría eliminando las barreras de acceso y accesibilidad que limitan la atención de la salud a un
buen número de peruanos.
Es evidente que las políticas de aseguramiento deberán significar la limitación de las
barreras económicas y sociales de las poblaciones con más necesidades, ello a su vez debe ser un
mecanismo para organizar la demanda de servicios de salud de modo que se pueda integrar la referencia
y contrarreferencia, el número de atenciones, el número de atendidos, el flujo de atención geográfica
y sobretodo mejorar el gasto en el sector salud.
Estas políticas de reforma que se integren por el lado de la oferta deberá engarzar con
la descentralización, pues como observamos el desarrollo rural de la salud en el Perú está
disminuido por el acceso a los servicios de salud, así la descentralización del gasto y la autonomía de
las regiones deberá mejorar la gestión pues el destino de los fondos y decisiones se harán con
mayor conocimiento de la realidad de cada región.
La privatización de los servicios de salud planteada en la actual reforma deberá ser examinada,
pues el rol del Estado en salud debe ser examinada dados los resultados de acceso a los servicios de
salud que existe, la privatización puede ser posible en los grandes establecimientos pero no en los
Puestos y Centros de Salud, pues dadas sus características estas deberán ser administradas por el Estado
y al plantearse la movilización de "establecimientos de salud" ( puestos y centros móviles) limitan
aun más posibilidad de privatizarse por lo menos en el corto plazo, pues la organización y
financiamiento de este sistema estará inicialmente dado por el Estado.
La organización territorial de la oferta de servicios de salud deberá cambiar a partir de un trabajo
más dinámico en las zonas de mayor población y con mayores necesidades de salud.
El combate al no acceso a los servicios de salud deberá integrar los programas sociales y políticas
sociales, así la educación para la salud deberá ser una de las más importantes lemas de la
política social, en toda acción de política social estará presente información, atención y comunicación sobre
la salud y mejora del comportamiento en la población respecto de su actuación frente a la salud.
La integración con el sector educación será importante, pues la sensibilización, la información,
la educación y la comunicación debe ser puesta en marcha con la creación de un curso de cuidados
de la salud, la participación de los niños y jóvenes en campañas de la salud y en pos de la
modificación del comportamiento sobre la salud; ello deberá ser hecha en todo el país en todos los sectores
y zonas.
La regulación de la actuación de las farmacias ( la necesidad de contar con una receta médica debe
ser obligatoria), la integración con los colegios profesionales y la comunidad para mejorar el
comportamiento del ciudadano frente a la enfermedad o accidente debe ser prioridad en toda política de salud.
Finalmente la integración del médico de la familia con el comportamiento de las personas ante
un problema de la salud deberá estar ligada a incentivos tanto para la población como para el
profesional de la salud.
Se hace evidente también que se integren políticas de atención en las que se incluya la
medicina tradicional, de modo que se rompa la barrera cultural de no acceso a los servicios de salud.
Finalmente, no debemos soslayar la importancia que tiene la necesidad de una política de
financiamiento a los servicios de salud de parte del Estado con un nuevo concepto de focalización a partir de
integrar el concepto descentralizado, comunicación, médico de familia o cabecera y políticas de
prevención, promoción, educación, comunicación y aseguramiento y de mejora de ingresos en la población
de modo que ello implique mejorar sus condiciones de vida y por ende mayor probabilidad de acceder a
los servicios de salud.
